Nueva Ley de Protección para potenciar la Mediación

La Xunta prevé llevar el anteproyecto de Lei de Protección do Consumidor de Galicia al Parlamento a finales del primer semestre del año, con el objetivo de potenciar "la agilidad y la eficacia" que ofrecen la mediación y el arbitraje como fórmulas para la resolución de conflictos entre empresas y clientes.

Según explicó este martes el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, en la primera semana de febrero se iniciará el periodo de consultas del borrador elaborado por el Ejecutivo y que incorpora algunas aportaciones de organizaciones de consumidores. El texto será evaluado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el Consello Galego de Consumidores, la patronal (CEG) y por el Consello Galego de Cámaras de Comercio. "Pretendemos que sea una ley moderna y eficaz, que ayude a evitar que derechos reconocidos y consolidados de los consumidores queden vacíos de contido ante la imposibilidad de exigirles a las empresas y de que éstas cumplan", explicó el conselleiro.

Entre las novedades que introducirá el texto legal figuran "garantizar que las renuncias de los consumidores sean conscientes y voluntarias", a la hora de entender los contratos que se firman, por ejemplo. Asimismo, la nueva norma fijará que el cliente deberá "saber exactamente el precio a pagar", de forma que "si no está claro" la interpretación fallará a favor del particular. En tercer lugar, se obligará a las empresas a "probar" las manifestaciones que realicen para defenderse. En materia de impagos, se considerará "práctica abusiva" la inclusión "unilateral" de clientes en listas de morosos, en caso de que "no exista un título ejecutivo", como una sentencia. Además, las compañías deberán dar contestación "obligatoriamente" a las reclamaciones, dentro de un plazo que fijará la ley.

Para las empresas que vendan servicios en Galicia sin contar con presencia física en la comunidad, el texto elaborado por la Xunta fijará como preceptivo facilitar un correo electrónico y un teléfono gratuito" para que los ciudadanos puedan contactar con la firma.

Asimismo, las compañías de servicios públicos, como las líneas aéreas o las concesionarias de autopistas, deberán contar con una oficina en todas las capitales de provincia, abierta un mínimo de 40 horas semanales. El texto legal también garantizará los derechos lingüísticos del consumidor, al tiempo que se desarrollarán mecanismos para evitar que algunos productos pongan en riesgo a los ciudadanos, estableciendo un régimen de sanciones "específico para Galicia".

Regular la mediación
Según explicó el conselleiro, otra de las claves de la nueva ley será la regulación de la mediación --y de la figura del mediador-- como fórmula para evitar judicializar este tipo de conflictos y como paso previo al arbitraje. 

Acompañado por la gerente del Instituto Galego de Consumo (IGC), María Jesús Muñoz Chesa, Guerra indicó que se trata de "un procedimiento pionero", que consiste en procurar un acuerdo entre consumidor y empresa a través de un contrato "mediado por la Administración". En este sentido, Muñoz apuntó que los mediadores serán profesionales del campo del Derecho y "con capacidad de diálogo", a quienes se dará formación para desarrollar esta labor, sin que necesariamente "sean funcionarios" de la Administración gallega.

Conflictos resueltos sin recurrir a la Justicia
Guerra incidió en que la nueva ley sucederá el plan de choque de arbitraje que la Xunta habilitó en 2010. La iniciativa permitió evitar la judicialización de 5.779 conflictos, "ayudando a la Justicia a ser más ágil", además de dar una respuesta más rápida al consumidor. De estos casos, casi 2.500 se resolvieron recurriendo al arbitraje, el triple que en 2009. Con la colaboración de las tres universidades, las siete oficinas del Instituto Galego de Consumo aumentaron de una a tres las vistas arbitrales el año pasado.

Según los datos de la consellería, el 60% de las reclamaciones recibidas el año pasado por el IGC se centraron en la telefonía, principalmente por problemas de contratos. Otro 20% de las denuncias afectaron a las eléctricas y a las garantías en la compra de electrodomésticos y otros productos.

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